Hola a todos, estimados compañeros del curso de Entorno Económico Internacional. Utilizaremos este espacio para realizar el foro. Por favor recuerden que debemos hacer un mínimo de dos participaciones para garantizar la mejor calificación.
Insumos:
- Clase sobre el tema.
- Documento de Guy Sorman sobre el ecologismo.
Por favor, desahoguémonos, y compartamos todo el material que conozcamos sobre el asunto.
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En la primera entrega que hice sobre este tema (ver aquí), hablaba sobre el contexto macro de la crisis a la que el Estado Colombiano ha llevado a la Universidad Pública Colombiana, en esta segunda entrega voy a exponer los puntos concretos que han llevado a que hoy las universidades públicas tengan un desfinanciamiento y un déficit acumulado que sobre pasa los 158.000 millones de pesos (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
Los rectores de universidades públicas se reunieron con el presidente Álvaro Uribe en diciembre de 2008 para plantearle la situación del déficit, para lo cual se pedía que se incrementara el presupuesto en un porcentaje superior al IPC (índice de precios al consumidor), pues a partir de la Ley 30 de 1992 el presupuesto de las universidades públicas paso a ser estático y sólo se aumenta anualmente en base a este indicador, el presidente entonces se comprometió a girar los dineros necesarios para solventar el déficit en el presupuesto del 2010, pero como ya sabemos, el presidente incumplió su compromiso.
No es un secreto que a partir de 1993 los gobiernos de turno no se han preocupado por las universidades públicas, al contrario, las han ido acabando sistemáticamente con una serie de decretos, leyes y sentencias que le han puesto a la Universidad Pública más cargas para cubrirlas con los mismos ingresos, aún así la Universidad Pública de hoy ha aumentado la creación de nuevos programas curriculares en pregrado y posgrado, la cobertura en número de estudiantes frente a la creciente demanda de acceso a la educación superior con evidentes limitaciones de financiamiento, el número de docentes altamente cualificados que se constituyen como el principal capital de las instituciones educativas, la consolidación de grupos y redes de investigación, proyectos de extensión, la modernización, ampliación y mantenimiento de su infraestructura física y tecnológica, aumentando sus gastos operacionales permanentes, pero estos logros se han alcanzado por el mejoramiento en los niveles de eficiencia en el manejo de los recursos, la implementación de nuevos modelos de gestión financiera, que llegaron al límite y que no resisten ningún crecimiento adicional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las universidades públicas (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
Esa serie de decretos, leyes y sentencias fueron planteados por los rectores de las universidades públicas y básicamente tienen que ver con los siguientes aspectos:
·Pago de la producción intelectual: los pagos por la producción intelectual fruto de los Decretos 1444 (inicialmente para la Universidad Nacional, luego extendida a todo el profesorado nacional) y el 1279, ya sea en salario o en bonificación los vienen cubriendo las universidades porque el gobierno no asignó ninguna partida para cubrir esta relativas mejoras salariales. La Federación y Aspu han estimado este sobrecosto para las universidades en un 23% de sus presupuestos, lo que sobre la base de dos billones significa o equivale a unos $ 460.000 millones acumulados desde que empezó su vigencia (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Descuento del 10% del valor de las matrículas por la participación en elecciones: Si un estudiante vota adquiere, por ley, el derecho a un 10% de descuento en el valor de su matrícula. Las universidades otorgan este estímulo pero el gobierno nunca asignó alguna partida para cubrir este faltante en los ingresos. No se tiene estudio sobre su monto pero Fenalprou estima que luego de 15 años de aplicación es significativo (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Acreditación de programas e instituciones: Estableció inicialmente la Ley 30/92 y posteriormente los Decretos 2566/03 y 1188/09, la acreditación de programas académicos en primera instancia y de la institución de educación superior en su conjunto, con el fin de garantizar al público la idoneidad de dicha institución para brindar ese o esos programas de educación superior. Para ello estableció un procedimiento exigente y arduo que implica asignar recursos, personas y tiempos largos a las etapas de auto diagnóstico, la visita de pares, los planes de mejoramiento y demás, pero todo ello cubierto por la misma entidad sin recibir recursos gubernamentales para ello. Esta otra erogación es altísima y contribuye a aumentar el déficit de las universidades (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Comisiones de estudio de los docentes: establecen los decretos anteriores para la acreditación la existencia de unos mínimos de docentes con títulos de maestría y doctorado. Esto obligó a las universidades a asignar unos recursos que no tenían para la formación de magísteres y doctores. En el caso de la Universidad de Antioquia, actualmente hay 211 comisiones de estudio que significan 422 salarios, 211 para los comisionados y 211 para los ocasionales que entran a reemplazarlos. Tampoco el gobierno asignó nada para este rubro de capacitación (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Pasivo pensional: No satisfecho anteriores recortes presupuestales, el gobierno de Uribe Vélez impone una nueva contribución a las universidades públicas, que desde que se decretó la Ley 100/93 nunca se había definido para ellas. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, obligó a las universidades a concurrir para el pago de los pasivos pensionales. Al día de hoy hay cuatro Acuerdos de Concurrencia que obligan a las universidades a aportar así: U. del Valle (70% Nación, 10% Departamento, 20% Universidad), UIS (84%, 6,7%, 9.3%), UdeA (79%, 10%, 11%) y U del Atlántico (11%, 10%, 79% y la quebró). Las universidades deben responder con su propio patrimonio lo que hasta ahora ha sido una responsabilidad del Estado. Ese monto no obedece a imprevisión de universidades sino a la ausencia de reglas claras en materia de pensiones. Cualquier contribución, por pequeña que sea, irá en detrimento de las actividades académicas. El gobierno estima que las apropiaciones deducibles para el pasivo pensional deben estar entre el 12% y el 18% de los aportes estatales. Además ha divulgado que solo concurre para las obligaciones anteriores a diciembre de 1993, dejando todo el pasivo posterior, desde 1993 a hoy, a las universidades. Todo esto está en discusión y negociación, pues la ley reglamentaria expedida por el gobierno no ha contado con la aceptación e implementación por parte de las universidades, hablándose de una nueva ley que defina este ataque a las finanzas universitarias (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
Las anteriores son sólo algunas de las causas que han llevado a la situación de desfinanciamiento de las Universidades Públicas, pero son las que han tenido más peso en ello.
Mencionaba al principio que el déficit acumulado de las universidades públicas superaba los 158.000 millones, pues el gobierno Uribe Vélez que tiene ganas de re-reelegirse, muy consciente de ello aprobó 160.000 millones de pesos para las universidades públicas y anunció en la opinión pública nacional que las beneficiadas de este proceso habían sido las universidades e hizo ver a los estudiantes como las grandes ganadores, aún así los estudiantes, los profesores y ¡rectores!, siguieron molestando por ¡plata! Pero será que la opinión pública y la gente del común no se preguntan ¿POR QUÉ? Pues voy a ser breve en este asunto y dejare abierta la discusión, sí es que se da ¿?... Bueno los estudiantes, profesores y rectores de la universidad pública seguimos “molestando” básicamente por lo siguiente:
·De esos 160.000 millones 70.000 van a ser manejados por el Icetex, entidad que ofrece crédito para estudiar no sólo a estudiantes de universidades públicas si no que también por esa platica van a concursar estudiantes de universidades privadas.
·30.000 millones van a ser manejados por Colciencias, platica que sólo se les dará a las universidades sí generan investigaciones y para eso hay que gastar más plata, para crear los grupos de investigación y sostenerlos, otra cosita es que los proyectos de investigación que concursen por esa platica no van a ser sólo los de las universidades públicas.
·42.000 millones van a ser girados por el Icfes y hacen parte de una plata que antes se les giraba a ellos por concepto de un 2% de los impuestos.
·Y 18.000 millones hacen parte de una deuda que el Estado tiene con las universidades por la cuestión de la ley que hace que se descuente un 10% de la matricula por haber votado (cosa que ya había mencionado)
Esto quiere decir que la situación no se ha solucionado y al parecer está muy lejos de serlo… sobre todo si vaya y el sagrado corazón lo permite el señor Álvaro Uribe se reelige o se elige presidente a alguno de sus “honorables” sucesores. Cabe anotar que ya hay universidades con grandes dificultades financieras como la Universidad de Pamplona (con paro cívico municipal por una mejor financiación), UPTC de Tunja (con marcha desde Tunja hasta Bogotá por el mismo problema), la Universidad del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras) y la Universidad del Valle.
Y entonces… A defender la Universidad Pública!!
Bibliografía
Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. (2009). Sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas. Co-respondencia (suplemento), 115.
Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. (3 de Junio de 2009). Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal.
La actual coyuntura sobre el déficit al cual el Estado Colombiano ha llevado a las universidades públicas del país, no es nueva ni mucho menos es una sorpresa, esta crisis es producto de las transformaciones económicas que ha sufrido nuestro país y que se han profundizado desde los 90’s. Los procesos de globalización y la imposición del modelo de desarrollo Neoliberal no son ajenos a esta problemática, por el contrario, son los causantes de ella, la educación pública y más aún la universidad pública se encuentra sometida a estos procesos que buscan la globalización y la alineación con las políticas dictadas por los países más grandes.
Colombia desde los 90’s cuando empezó su apertura económica aceptó las políticas recomendadas por los Estados Unidos, políticas que se denominaron como el “Consenso de Washington” y que significó la instauración del modelo de desarrollo Neoliberal, luego en 1999 Colombia firma un “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional, que no es más que la imposición de una serie de políticas con la finalidad de ratificar en Colombia dicho modelo Neoliberal. Estos organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI al no depender de las Naciones Unidas están exentos del control directo de la comunidad internacional y muchas veces se les acusa de ejercer presión política y de extorsionar a los países en desarrollo con el cumplimiento de ciertas políticas para poder tener acceso a crédito (Wikipedia, 2009), dichas políticas son las consagradas en el Consenso de Washington formulado por el economista Williamson en 1989 y tratan sobre 10 aspectos que son los siguientes: disciplina fiscal o también llamada disciplina presupuestaria, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma Impositiva o reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, establecimiento de tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional (trade liberalization), liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, PRIVATIZACIÓN, desregulación y derechos de propiedad (Casilda, 2004).
Cada una de las políticas del Consenso de Washington tienen su razón de ser y tienen una explicación, a continuación voy a poner la razón de ser del por qué se debe privatizar por lo que voy a poner unas comillas bastante distanciadas, “La privatización puede ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Esto es debido a que los directivos tienen un interés personal directo en los beneficios de la empresa, lo cual les incentiva a alcanzar la mayor eficiencia posible para maximizar sus beneficios propios” (Casilda, 2004). Esta creencia fue durante mucho tiempo una política de fe en Washington, pero solamente se enfatizó en ella a partir de 1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano con el apoyo del FMI y el BM para fomentar la privatización en el mundo y particularmente en América Latina.
En Colombia las hordas neoliberales y las hordas uribistas, es decir, las hordas más neoliberales que el mismo Williamson, se han empecinado en privatizar todo lo que esté a cargo del “eficiente” Estado, incluso la pesada e incómoda educación pública superior ¡pero qué barbaridad estoy diciendo!, sí la educación es considerada como un atributo inalienable del hombre según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en el primer parágrafo del Artículo 26, señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”, y en el parágrafo 2 del mismo artículo, la Declaración amplía el alcance de la enseñanza en una sociedad: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” (Naciones Unidas, 1948), por lo cual ésta en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, al menos en teoría, debe ser brindada por el Estado con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
La Constitución de 1991 en el artículo 84 determinó que “El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366…” y tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Para lograr los fines sociales y educativos de forma equilibrada, se requiere contar con la adecuada financiación por parte del Estado, de manera que se garanticen los medios para brindar una educación de calidad y relevancia social. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, toda vez que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura. También señala que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. En el marco de la consagración constitucional de la educación, al Estado le corresponde la tarea de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a las personas menos favorecidas las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
En Colombia, la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, en el artículo 69 de la Carta Política garantiza la autonomía universitaria, en virtud de la cual “…Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. El Constituyente en aras a fortalecer la autonomía universitaria, en el artículo 113, creó una nueva categoría denominada entes autónomos e independientes, no asimilables a las otras naturalezas jurídicas que se han desarrollado en el derecho público, para dar cumplimiento al mandato del artículo 69 (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
Bueno, como lo demuestra la Constitución la educación superior pública está protegida y por lo tanto no puede ser privatizada entonces no hay porque tenerle miedo a las políticas Neoliberales o a las políticas del Dr. Uribe, ¡Caramba! Al parecer eso es falso de toda falsedad como dice Uribe, hay reconocer que los neoliberales como Alvarito han trabajado mucho en hacer que las Universidades Públicas se vean como una molesta carga fiscal que es ineficiente, agudizando sus problemas financieros que comenzaron con la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y estableció el régimen especial que ordenó el constituyente para las Universidades del Estado.
Pero de esto hablaré en la segunda entrega de este especial sobre la crisis financiera de las Universidades Públicas en Colombia y con el cual inauguro este Blog de Opinión, quedan pues todo invitados a participar de este espacio enviando sus comentarios a través del blog o mandando lo que quieran publicar al correo electrónico harest241@hotmail.com , me comentan también si quieren ser administradores del Blog y nutrirlo con sus escritos y opiniones.
Hasta una próxima vez, que será muy pronto, ahí les suelto la bibliografía que utilice para escribir esta publicación… Ah y se me olvidaba darle un agradecimiento a un compañero que me envió información muy valiosa para hacer dicha publicación, primero tengo que preguntarle si me permite publicar su nombre, pues no todos nos atrevemos a Caminar por la Cornisa.
Bibliografía
Casilda, R. (26 de Abril de 2004). América Latina y el Consenso de Washington. BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE , 19-38.
Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. (3 de Junio de 2009). Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal .
Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26. Recuperado el Octubre de 2009, de Naciones Unidas: Nosotros los pueblos... Unidos por un mundo mejor. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a26
Wikipedia. (2009). Neoliberalismo. Recuperado el 20 de octubre de 2009, de Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
Hoy* se escribió un nuevo capítulo para el movimiento estudiantil, ni el implacable sol que nos acompaño desde las 2 de la tarde ni la fuerte lluvia que nos cogió en la Alpujarra nos asustó ni mucho menos nos calló.
Salíamos por la portería de Barranquilla a eso de las 2:10 de la tarde a esperar a los compañeros de Universidad Nacional para marchar por más presupuesto para educación, menos presupuesto para guerra, en defensa de la universidad pública y obviamente como toda marcha estudiantil en contra del actual gobierno. Llegaron los compas de la UN y se les recibió con emotivo y fraternal abrazo, y empezaba la marcha con muchas expectativas, mucha emoción, mucha arenga, mucho aguante y hasta con mucha marihuana, a eso si como que nunca falta jajaja. Las arengas eran las típicas, Viva la U Viva la U Viva la Universidad…, El que no salte no quiere a la U…, Uribe fascista… Uribe paraco… Uribe pirobo…, Y venga y venga compañero…, Yanquis fuera…, etc, etc.
El recorrido fue acompañado por el sol abrasador, que hacía escurrir sudor en nuestras frentes y que salía de colores en los cuerpos desnudos de los compañeros que se pintaron, estuvo también acompañado por las pintas con mensajes duros y algunos hasta interesantes y el característico olor a pintura de aerosol, lo acompañó también el sonido de los petos aunque fueron pocos y no alteraron el orden, también por los policías que amablemente nos acompañaron, les toco chupar sol, insultos y agua, que trabajo tan difícil por eso es que “Hay que estudiar, hay que estudiar para no ser policía nacional…” Y luego desde la Alpujarra nos acompañó la lluvia!!
Ni la lluvia nos paró, estaba fuerte eso sí, bastante fuerte, pero seguimos marchando, seguimos corriendo, seguimos cantando, saltando, aplaudiendo y gritando, las voces ya las teníamos un poco desgarradas pero ahí seguimos, las ropas empapadas nos pesaban pero el cansancio no se notaba y todavía quedaba mucho aguante… Ah definitivamente fue muy emocionante, los corazones palpitaban fuerte acompañados de la arenga y las palmas.
Y bueno llegamos de nuevo a la U a nuestra Alma Mater, insultamos a unos pobres policías que desgraciadamente iban como ganado en un camión (que pesar) y luego despedimos a los compañeros de la Nacho, definitivamente la marcha carnaval fue un ÉXITO habíamos más de 1000 personas, no cuales habíamos más de 2000 pero lo que importa no es el número sino la emoción y el civismo, aunque hay hechos con los que yo poco estoy de acuerdo pero bueno por lo menos no hubo enfrentamientos… y en fin pa’ no aburrir más les dejo la invitación para una próxima ocasión y les digo que el que este seco no quiere la U jajaja.
Saludos y hasta una próxima vez…
Harold Y. Tavera
* El día de la marcha fue el viernes 23 de octubre de 2009
