La actual coyuntura sobre el déficit al cual el Estado Colombiano ha llevado a las universidades públicas del país, no es nueva ni mucho menos es una sorpresa, esta crisis es producto de las transformaciones económicas que ha sufrido nuestro país y que se han profundizado desde los 90’s. Los procesos de globalización y la imposición del modelo de desarrollo Neoliberal no son ajenos a esta problemática, por el contrario, son los causantes de ella, la educación pública y más aún la universidad pública se encuentra sometida a estos procesos que buscan la globalización y la alineación con las políticas dictadas por los países más grandes.
Colombia desde los 90’s cuando empezó su apertura económica aceptó las políticas recomendadas por los Estados Unidos, políticas que se denominaron como el “Consenso de Washington” y que significó la instauración del modelo de desarrollo Neoliberal, luego en 1999 Colombia firma un “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional, que no es más que la imposición de una serie de políticas con la finalidad de ratificar en Colombia dicho modelo Neoliberal. Estos organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI al no depender de las Naciones Unidas están exentos del control directo de la comunidad internacional y muchas veces se les acusa de ejercer presión política y de extorsionar a los países en desarrollo con el cumplimiento de ciertas políticas para poder tener acceso a crédito (Wikipedia, 2009), dichas políticas son las consagradas en el Consenso de Washington formulado por el economista Williamson en 1989 y tratan sobre 10 aspectos que son los siguientes: disciplina fiscal o también llamada disciplina presupuestaria, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma Impositiva o reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, establecimiento de tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional (trade liberalization), liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, PRIVATIZACIÓN, desregulación y derechos de propiedad (Casilda, 2004).
Cada una de las políticas del Consenso de Washington tienen su razón de ser y tienen una explicación, a continuación voy a poner la razón de ser del por qué se debe privatizar por lo que voy a poner unas comillas bastante distanciadas, “La privatización puede ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Esto es debido a que los directivos tienen un interés personal directo en los beneficios de la empresa, lo cual les incentiva a alcanzar la mayor eficiencia posible para maximizar sus beneficios propios” (Casilda, 2004). Esta creencia fue durante mucho tiempo una política de fe en Washington, pero solamente se enfatizó en ella a partir de 1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano con el apoyo del FMI y el BM para fomentar la privatización en el mundo y particularmente en América Latina.
En Colombia las hordas neoliberales y las hordas uribistas, es decir, las hordas más neoliberales que el mismo Williamson, se han empecinado en privatizar todo lo que esté a cargo del “eficiente” Estado, incluso la pesada e incómoda educación pública superior ¡pero qué barbaridad estoy diciendo!, sí la educación es considerada como un atributo inalienable del hombre según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en el primer parágrafo del Artículo 26, señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”, y en el parágrafo 2 del mismo artículo, la Declaración amplía el alcance de la enseñanza en una sociedad: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” (Naciones Unidas, 1948), por lo cual ésta en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, al menos en teoría, debe ser brindada por el Estado con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
La Constitución de 1991 en el artículo 84 determinó que “El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366…” y tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Para lograr los fines sociales y educativos de forma equilibrada, se requiere contar con la adecuada financiación por parte del Estado, de manera que se garanticen los medios para brindar una educación de calidad y relevancia social. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, toda vez que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura. También señala que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. En el marco de la consagración constitucional de la educación, al Estado le corresponde la tarea de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a las personas menos favorecidas las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
En Colombia, la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, en el artículo 69 de la Carta Política garantiza la autonomía universitaria, en virtud de la cual “…Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. El Constituyente en aras a fortalecer la autonomía universitaria, en el artículo 113, creó una nueva categoría denominada entes autónomos e independientes, no asimilables a las otras naturalezas jurídicas que se han desarrollado en el derecho público, para dar cumplimiento al mandato del artículo 69 (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
Bueno, como lo demuestra la Constitución la educación superior pública está protegida y por lo tanto no puede ser privatizada entonces no hay porque tenerle miedo a las políticas Neoliberales o a las políticas del Dr. Uribe, ¡Caramba! Al parecer eso es falso de toda falsedad como dice Uribe, hay reconocer que los neoliberales como Alvarito han trabajado mucho en hacer que las Universidades Públicas se vean como una molesta carga fiscal que es ineficiente, agudizando sus problemas financieros que comenzaron con la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y estableció el régimen especial que ordenó el constituyente para las Universidades del Estado.
Pero de esto hablaré en la segunda entrega de este especial sobre la crisis financiera de las Universidades Públicas en Colombia y con el cual inauguro este Blog de Opinión, quedan pues todo invitados a participar de este espacio enviando sus comentarios a través del blog o mandando lo que quieran publicar al correo electrónico harest241@hotmail.com , me comentan también si quieren ser administradores del Blog y nutrirlo con sus escritos y opiniones.
Hasta una próxima vez, que será muy pronto, ahí les suelto la bibliografía que utilice para escribir esta publicación… Ah y se me olvidaba darle un agradecimiento a un compañero que me envió información muy valiosa para hacer dicha publicación, primero tengo que preguntarle si me permite publicar su nombre, pues no todos nos atrevemos a Caminar por la Cornisa.
Bibliografía
Casilda, R. (26 de Abril de 2004). América Latina y el Consenso de Washington. BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE , 19-38.
Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. (3 de Junio de 2009). Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal .
Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26. Recuperado el Octubre de 2009, de Naciones Unidas: Nosotros los pueblos... Unidos por un mundo mejor. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a26
Wikipedia. (2009). Neoliberalismo. Recuperado el 20 de octubre de 2009, de Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
Colombia desde los 90’s cuando empezó su apertura económica aceptó las políticas recomendadas por los Estados Unidos, políticas que se denominaron como el “Consenso de Washington” y que significó la instauración del modelo de desarrollo Neoliberal, luego en 1999 Colombia firma un “acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional, que no es más que la imposición de una serie de políticas con la finalidad de ratificar en Colombia dicho modelo Neoliberal. Estos organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI al no depender de las Naciones Unidas están exentos del control directo de la comunidad internacional y muchas veces se les acusa de ejercer presión política y de extorsionar a los países en desarrollo con el cumplimiento de ciertas políticas para poder tener acceso a crédito (Wikipedia, 2009), dichas políticas son las consagradas en el Consenso de Washington formulado por el economista Williamson en 1989 y tratan sobre 10 aspectos que son los siguientes: disciplina fiscal o también llamada disciplina presupuestaria, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma Impositiva o reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, establecimiento de tasa de cambio competitiva, liberalización del comercio internacional (trade liberalization), liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas, PRIVATIZACIÓN, desregulación y derechos de propiedad (Casilda, 2004).
Cada una de las políticas del Consenso de Washington tienen su razón de ser y tienen una explicación, a continuación voy a poner la razón de ser del por qué se debe privatizar por lo que voy a poner unas comillas bastante distanciadas, “La privatización puede ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria. Por otra parte, el fundamento de la idea de privatización se basa en que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Esto es debido a que los directivos tienen un interés personal directo en los beneficios de la empresa, lo cual les incentiva a alcanzar la mayor eficiencia posible para maximizar sus beneficios propios” (Casilda, 2004). Esta creencia fue durante mucho tiempo una política de fe en Washington, pero solamente se enfatizó en ella a partir de 1985, tras la proclamación del Plan Baker, es decir, cuando recibió el impulso oficial norteamericano con el apoyo del FMI y el BM para fomentar la privatización en el mundo y particularmente en América Latina.
En Colombia las hordas neoliberales y las hordas uribistas, es decir, las hordas más neoliberales que el mismo Williamson, se han empecinado en privatizar todo lo que esté a cargo del “eficiente” Estado, incluso la pesada e incómoda educación pública superior ¡pero qué barbaridad estoy diciendo!, sí la educación es considerada como un atributo inalienable del hombre según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en el primer parágrafo del Artículo 26, señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”, y en el parágrafo 2 del mismo artículo, la Declaración amplía el alcance de la enseñanza en una sociedad: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz” (Naciones Unidas, 1948), por lo cual ésta en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, al menos en teoría, debe ser brindada por el Estado con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
La Constitución de 1991 en el artículo 84 determinó que “El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366…” y tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Para lograr los fines sociales y educativos de forma equilibrada, se requiere contar con la adecuada financiación por parte del Estado, de manera que se garanticen los medios para brindar una educación de calidad y relevancia social. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, toda vez que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los bienes y valores de la cultura. También señala que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. En el marco de la consagración constitucional de la educación, al Estado le corresponde la tarea de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a las personas menos favorecidas las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
En Colombia, la Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, en el artículo 69 de la Carta Política garantiza la autonomía universitaria, en virtud de la cual “…Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. El Constituyente en aras a fortalecer la autonomía universitaria, en el artículo 113, creó una nueva categoría denominada entes autónomos e independientes, no asimilables a las otras naturalezas jurídicas que se han desarrollado en el derecho público, para dar cumplimiento al mandato del artículo 69 (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
Bueno, como lo demuestra la Constitución la educación superior pública está protegida y por lo tanto no puede ser privatizada entonces no hay porque tenerle miedo a las políticas Neoliberales o a las políticas del Dr. Uribe, ¡Caramba! Al parecer eso es falso de toda falsedad como dice Uribe, hay reconocer que los neoliberales como Alvarito han trabajado mucho en hacer que las Universidades Públicas se vean como una molesta carga fiscal que es ineficiente, agudizando sus problemas financieros que comenzaron con la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior y estableció el régimen especial que ordenó el constituyente para las Universidades del Estado.
Pero de esto hablaré en la segunda entrega de este especial sobre la crisis financiera de las Universidades Públicas en Colombia y con el cual inauguro este Blog de Opinión, quedan pues todo invitados a participar de este espacio enviando sus comentarios a través del blog o mandando lo que quieran publicar al correo electrónico harest241@hotmail.com , me comentan también si quieren ser administradores del Blog y nutrirlo con sus escritos y opiniones.
Hasta una próxima vez, que será muy pronto, ahí les suelto la bibliografía que utilice para escribir esta publicación… Ah y se me olvidaba darle un agradecimiento a un compañero que me envió información muy valiosa para hacer dicha publicación, primero tengo que preguntarle si me permite publicar su nombre, pues no todos nos atrevemos a Caminar por la Cornisa.
Bibliografía
Casilda, R. (26 de Abril de 2004). América Latina y el Consenso de Washington. BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE , 19-38.
Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. (3 de Junio de 2009). Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal .
Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26. Recuperado el Octubre de 2009, de Naciones Unidas: Nosotros los pueblos... Unidos por un mundo mejor. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a26
Wikipedia. (2009). Neoliberalismo. Recuperado el 20 de octubre de 2009, de Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
