Hola a todos, estimados compañeros del curso de Entorno Económico Internacional. Utilizaremos este espacio para realizar el foro. Por favor recuerden que debemos hacer un mínimo de dos participaciones para garantizar la mejor calificación.
Insumos:
- Clase sobre el tema.
- Documento de Guy Sorman sobre el ecologismo.
Por favor, desahoguémonos, y compartamos todo el material que conozcamos sobre el asunto.
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En la primera entrega que hice sobre este tema (ver aquí), hablaba sobre el contexto macro de la crisis a la que el Estado Colombiano ha llevado a la Universidad Pública Colombiana, en esta segunda entrega voy a exponer los puntos concretos que han llevado a que hoy las universidades públicas tengan un desfinanciamiento y un déficit acumulado que sobre pasa los 158.000 millones de pesos (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
Los rectores de universidades públicas se reunieron con el presidente Álvaro Uribe en diciembre de 2008 para plantearle la situación del déficit, para lo cual se pedía que se incrementara el presupuesto en un porcentaje superior al IPC (índice de precios al consumidor), pues a partir de la Ley 30 de 1992 el presupuesto de las universidades públicas paso a ser estático y sólo se aumenta anualmente en base a este indicador, el presidente entonces se comprometió a girar los dineros necesarios para solventar el déficit en el presupuesto del 2010, pero como ya sabemos, el presidente incumplió su compromiso.
No es un secreto que a partir de 1993 los gobiernos de turno no se han preocupado por las universidades públicas, al contrario, las han ido acabando sistemáticamente con una serie de decretos, leyes y sentencias que le han puesto a la Universidad Pública más cargas para cubrirlas con los mismos ingresos, aún así la Universidad Pública de hoy ha aumentado la creación de nuevos programas curriculares en pregrado y posgrado, la cobertura en número de estudiantes frente a la creciente demanda de acceso a la educación superior con evidentes limitaciones de financiamiento, el número de docentes altamente cualificados que se constituyen como el principal capital de las instituciones educativas, la consolidación de grupos y redes de investigación, proyectos de extensión, la modernización, ampliación y mantenimiento de su infraestructura física y tecnológica, aumentando sus gastos operacionales permanentes, pero estos logros se han alcanzado por el mejoramiento en los niveles de eficiencia en el manejo de los recursos, la implementación de nuevos modelos de gestión financiera, que llegaron al límite y que no resisten ningún crecimiento adicional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las universidades públicas (Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas, 2009).
Esa serie de decretos, leyes y sentencias fueron planteados por los rectores de las universidades públicas y básicamente tienen que ver con los siguientes aspectos:
·Pago de la producción intelectual: los pagos por la producción intelectual fruto de los Decretos 1444 (inicialmente para la Universidad Nacional, luego extendida a todo el profesorado nacional) y el 1279, ya sea en salario o en bonificación los vienen cubriendo las universidades porque el gobierno no asignó ninguna partida para cubrir esta relativas mejoras salariales. La Federación y Aspu han estimado este sobrecosto para las universidades en un 23% de sus presupuestos, lo que sobre la base de dos billones significa o equivale a unos $ 460.000 millones acumulados desde que empezó su vigencia (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Descuento del 10% del valor de las matrículas por la participación en elecciones: Si un estudiante vota adquiere, por ley, el derecho a un 10% de descuento en el valor de su matrícula. Las universidades otorgan este estímulo pero el gobierno nunca asignó alguna partida para cubrir este faltante en los ingresos. No se tiene estudio sobre su monto pero Fenalprou estima que luego de 15 años de aplicación es significativo (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Acreditación de programas e instituciones: Estableció inicialmente la Ley 30/92 y posteriormente los Decretos 2566/03 y 1188/09, la acreditación de programas académicos en primera instancia y de la institución de educación superior en su conjunto, con el fin de garantizar al público la idoneidad de dicha institución para brindar ese o esos programas de educación superior. Para ello estableció un procedimiento exigente y arduo que implica asignar recursos, personas y tiempos largos a las etapas de auto diagnóstico, la visita de pares, los planes de mejoramiento y demás, pero todo ello cubierto por la misma entidad sin recibir recursos gubernamentales para ello. Esta otra erogación es altísima y contribuye a aumentar el déficit de las universidades (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Comisiones de estudio de los docentes: establecen los decretos anteriores para la acreditación la existencia de unos mínimos de docentes con títulos de maestría y doctorado. Esto obligó a las universidades a asignar unos recursos que no tenían para la formación de magísteres y doctores. En el caso de la Universidad de Antioquia, actualmente hay 211 comisiones de estudio que significan 422 salarios, 211 para los comisionados y 211 para los ocasionales que entran a reemplazarlos. Tampoco el gobierno asignó nada para este rubro de capacitación (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
·Pasivo pensional: No satisfecho anteriores recortes presupuestales, el gobierno de Uribe Vélez impone una nueva contribución a las universidades públicas, que desde que se decretó la Ley 100/93 nunca se había definido para ellas. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, obligó a las universidades a concurrir para el pago de los pasivos pensionales. Al día de hoy hay cuatro Acuerdos de Concurrencia que obligan a las universidades a aportar así: U. del Valle (70% Nación, 10% Departamento, 20% Universidad), UIS (84%, 6,7%, 9.3%), UdeA (79%, 10%, 11%) y U del Atlántico (11%, 10%, 79% y la quebró). Las universidades deben responder con su propio patrimonio lo que hasta ahora ha sido una responsabilidad del Estado. Ese monto no obedece a imprevisión de universidades sino a la ausencia de reglas claras en materia de pensiones. Cualquier contribución, por pequeña que sea, irá en detrimento de las actividades académicas. El gobierno estima que las apropiaciones deducibles para el pasivo pensional deben estar entre el 12% y el 18% de los aportes estatales. Además ha divulgado que solo concurre para las obligaciones anteriores a diciembre de 1993, dejando todo el pasivo posterior, desde 1993 a hoy, a las universidades. Todo esto está en discusión y negociación, pues la ley reglamentaria expedida por el gobierno no ha contado con la aceptación e implementación por parte de las universidades, hablándose de una nueva ley que defina este ataque a las finanzas universitarias (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 2009).
Las anteriores son sólo algunas de las causas que han llevado a la situación de desfinanciamiento de las Universidades Públicas, pero son las que han tenido más peso en ello.
Mencionaba al principio que el déficit acumulado de las universidades públicas superaba los 158.000 millones, pues el gobierno Uribe Vélez que tiene ganas de re-reelegirse, muy consciente de ello aprobó 160.000 millones de pesos para las universidades públicas y anunció en la opinión pública nacional que las beneficiadas de este proceso habían sido las universidades e hizo ver a los estudiantes como las grandes ganadores, aún así los estudiantes, los profesores y ¡rectores!, siguieron molestando por ¡plata! Pero será que la opinión pública y la gente del común no se preguntan ¿POR QUÉ? Pues voy a ser breve en este asunto y dejare abierta la discusión, sí es que se da ¿?... Bueno los estudiantes, profesores y rectores de la universidad pública seguimos “molestando” básicamente por lo siguiente:
·De esos 160.000 millones 70.000 van a ser manejados por el Icetex, entidad que ofrece crédito para estudiar no sólo a estudiantes de universidades públicas si no que también por esa platica van a concursar estudiantes de universidades privadas.
·30.000 millones van a ser manejados por Colciencias, platica que sólo se les dará a las universidades sí generan investigaciones y para eso hay que gastar más plata, para crear los grupos de investigación y sostenerlos, otra cosita es que los proyectos de investigación que concursen por esa platica no van a ser sólo los de las universidades públicas.
·42.000 millones van a ser girados por el Icfes y hacen parte de una plata que antes se les giraba a ellos por concepto de un 2% de los impuestos.
·Y 18.000 millones hacen parte de una deuda que el Estado tiene con las universidades por la cuestión de la ley que hace que se descuente un 10% de la matricula por haber votado (cosa que ya había mencionado)
Esto quiere decir que la situación no se ha solucionado y al parecer está muy lejos de serlo… sobre todo si vaya y el sagrado corazón lo permite el señor Álvaro Uribe se reelige o se elige presidente a alguno de sus “honorables” sucesores. Cabe anotar que ya hay universidades con grandes dificultades financieras como la Universidad de Pamplona (con paro cívico municipal por una mejor financiación), UPTC de Tunja (con marcha desde Tunja hasta Bogotá por el mismo problema), la Universidad del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras) y la Universidad del Valle.
Y entonces… A defender la Universidad Pública!!
Bibliografía
Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia. (2009). Sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas. Co-respondencia (suplemento), 115.
Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. (3 de Junio de 2009). Revisión de la financiación con recursos de la Nación para las Universidades Públicas. Sistema Universitario Estatal.
